Frente al avance voraz y revolucionario de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) y las transformaciones disruptivas que estas tecnologías están produciendo en la economía y la vida privada, la Cámara de Diputados comenzó a debatir propuestas de regulación que apuntan a salvaguardar un entorno digital seguro.
Días atrás, el diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano presentó un proyecto de ley que busca dotar de un marco regulatorio a la IA, basándose en el vanguardista modelo de la Unión Europea, que aprobó la primera ley en la materia (el AI Act) en 2024.
“Al establecer un equilibrio entre la innovación y la protección de derechos, la UE está liderando el camino hacia un futuro donde la IA puede desarrollarse de manera segura, ética y beneficiosa para toda la sociedad”, opinó Giuliano en los fundamentos de su proyecto.
El modelo europeo clasifica los sistemas de IA según el nivel de riesgo e impone multas de hasta 38 millones de dólares o el 7% de los ingresos anuales globales a las empresas infractoras.
En México, Chile y Brasil también se han presentado proyectos para regular la IA, pero aún no han dado sus frutos. Esto posiciona a Argentina con la oportunidad de convertirse en el primer país de la región en dar este salto regulatorio.
El proyecto de ley genera un debate abierto con opiniones encontradas. Los detractores argumentan que la regulación estatal ahoga la innovación tecnológica y la competitividad económica, y que la tecnología avanza más rápido que las leyes, haciendo a estas últimas ineficaces.
Por otro lado, crecen las voces que advierten que sin regulación se abre un panorama amenazante para los derechos humanos, la privacidad y la seguridad. Giuliano alertó: “Uno o dos datos personales resultan inofensivos, pero el entrecruzamiento de los casi trescientos registros digitales que genera un ciudadano hoy hace de la intimidad una verdadera quimera”.
La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial. Para operar en el país, cualquier sistema nuevo deberá inscribirse, informando sobre sus propósitos, algoritmos y medidas de seguridad. La autoridad de aplicación realizará una evaluación de impacto previa que analice sesgos, riesgos de discriminación y transparencia.
Inspirado en la norma europea, el proyecto categoriza los sistemas de IA en tres niveles de riesgo: alto, medio y bajo. Se prohíben expresamente sistemas que:
La Autoridad de Aplicación llevará a cabo evaluaciones periódicas y auditorías, pudiendo imponer sanciones por incumplimientos. Además, los sistemas de IA ya en funcionamiento en el país deberán adaptarse a la nueva ley en un plazo máximo de seis (6) meses desde su entrada en vigor.
Giuliano sostiene que el proyecto busca proteger los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. En sus palabras: “Lo importante es que la legislación le asegure al hombre (…) la oportunidad de una vida pública y de una vida privada; la posibilidad de ejercer en la Aldea Global, el viejo derecho humano de la privacidad”.
Con este paso, Argentina no solo intenta ponerse a la vanguardia regulatoria en la región, sino que plantea una pregunta fundamental para la era digital: ¿podremos preservar la esfera privada frente al avance imparable de la tecnología?
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