Frente al avance voraz y revolucionario de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) y sus impactos disruptivos en la economía y la vida privada, la Cámara de Diputados de Argentina comienza a delinear propuestas de regulación. El objetivo central es salvaguardar un entorno digital seguro que garantice la protección de los datos personales.
Días atrás, el diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano presentó un proyecto de ley que busca dotar al país de un marco regulatorio para la IA, inspirado en el vanguardista modelo de la Unión Europea (el AI Act), aprobado en 2024.
La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial, que estará a cargo de una autoridad de aplicación designada por el Poder Ejecutivo. Para operar en Argentina, cualquier nuevo sistema de IA deberá inscribirse en este registro, informando sobre sus propósitos, objetivos, ámbitos de aplicación, algoritmos utilizados y medidas de seguridad.
Además, se establecerá una evaluación de impacto previa a la comercialización u operación, donde la autoridad analizará posibles sesgos, riesgos de discriminación, transparencia y otros factores para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, la privacidad y la seguridad.
Siguiendo el modelo europeo, el proyecto de Giuliano categoriza los sistemas de IA en tres niveles de riesgo: alto, medio y bajo. La normativa sería clara en la prohibición de tecnologías específicas que considere una amenaza.
“Lo importante es que la legislación le asegure al hombre, como en los orígenes mismos de la Humanidad, la oportunidad de una vida pública y de una vida privada”, indicó Diego Giuliano en los fundamentos de su proyecto.
El diputado massista alertó sobre los riesgos de la “robotización de las bases de datos”, que las hace incontrolables y capaces de diseñar perfiles exactos de cada ciudadano. “Estamos hablando de una intrusión masiva, de un avance nuevo y antaño insospechado sobre la intimidad de las personas”, señaló.
Para Giuliano, el proyecto tiene como objeto “la protección de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho”, además de resguardar la privacidad y seguridad de los ciudadanos.
El proyecto se enmarca en un debate global. Los detractores argumentan que la regulación estatal ahoga la innovación tecnológica y la competitividad económica, y que la tecnología avanza más rápido que la construcción de leyes, haciendo a estas ineficaces.
Sin embargo, las voces a favor, como la de Giuliano, sostienen que sin regulación se abre un panorama “ominoso y amenazante” para los derechos humanos. El legislador remarcó que “la IA no debe ser una herramienta para la explotación de los datos personales”.
Mientras en México, Chile y Brasil también se han presentado proyectos para regular la IA sin resultados concretos aún, Argentina tiene la oportunidad de convertirse en el primer país de Latinoamérica en dar este salto normativo.
El proyecto establece que los sistemas de IA ya en funcionamiento en el país al momento de la eventual sanción de la ley, deberán adaptarse a sus disposiciones en un plazo máximo de seis (6) meses. La autoridad de aplicación tendrá facultades de supervisión, auditoría y sanción, inspiradas en el modelo europeo que prevé multas de hasta el 7% de los ingresos globales anuales de una empresa.
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