Conflicto Institucional: AFA Rechaza Veeduría de la IGJ
Buenos Aires, 26 febrero – En un comunicado oficial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fustigó contra la solicitud de la Inspección General de Justicia (IGJ) para la designación de veedores al Ministerio de Justicia, con el fin de relevar documentación contable y financiera de la entidad.
La Denuncia y los Recursos Judiciales Inminentes
La AFA aseguró que “no será sometido a veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”. Además, adelantó que “en las próximas horas presentaremos las presentaciones judiciales correspondientes para que esta medida sea desestimada”, recurriendo a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Referencia al Caso Bullrich como Precedente
La AFA mencionó “el caso Bullrich”, señalando que la IGJ utilizó en 2023 el mismo libreto contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), presidido entonces por Patricia Bullrich. En aquella ocasión, la justicia anuló la intervención por violación al debido proceso, desestimando argumentos similares a los esgrimidos ahora.
Acusaciones de Fines Políticos y Debilitamiento Institucional
La denuncia de la AFA va más allá: “no se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA”, principal defensora del modelo de clubes sociales.
Defensa de la Autonomía del Fútbol Argentino
En su comunicado, la AFA subrayó con énfasis: “el fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales”, comprometiéndose a defender su autonomía y legalidad por todas las vías judiciales y democráticas.
La medida de la IGJ, firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, apunta a verificar posibles “graves irregularidades”, aunque aclararon que no implica una intervención ni sanción, sino una veeduría informativa en el marco de sus funciones de fiscalización.