Un grupo de acreedores granarios presentó una objeción ante la Justicia contra la propuesta de Grassi SA, argumentando que no respeta la Ley de Concursos y Quiebras en el caso de Vicentin.
La objeción se centra en el llamado «cramdown» de Vicentin, que ha quedado bajo cuestionamiento por parte de estos acreedores. Consideran que la propuesta de Grassi SA no cumple con los requisitos legales establecidos.
Esta objeción judicial podría afectar significativamente el proceso de reestructuración de Vicentin, generando incertidumbre en el ámbito financiero y agrícola.
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