PAMI: entre el fraude detectado, el ajuste y la política en campaña

Por Isabela Figueroa

En Argentina, PAMI es el mayor sistema de salud y asistencia social del país, destinado a jubilados y pensionados. Con millones de afiliados y un presupuesto que lo ubica entre los organismos más grandes del Estado, cumple un rol clave en la atención médica, provisión de medicamentos y cobertura de prestaciones para una población especialmente vulnerable. Su funcionamiento no solo impacta en la calidad de vida de los adultos mayores, sino que también refleja tensiones estructurales del sistema sanitario argentino: financiamiento, control, eficiencia y acceso.

Hay una verdad incómoda que empieza a salir a la superficie en PAMI: durante años, el sistema permitió prácticas que hoy se están corrigiendo. Entre ellas, una de las más graves —y documentadas en auditorías— fue la facturación de consultas que nunca se realizaron.

Eso no es un detalle técnico. Es una distorsión profunda del sistema. Porque implica desviar recursos destinados a la atención de jubilados hacia prestaciones inexistentes. Y cuando esa práctica se vuelve extendida, el resultado es inevitable: el sistema se vuelve insostenible.

Ahí aparece el punto de quiebre.

El ajuste en el valor de las consultas médicas no surge en el vacío ni responde solamente a una decisión fiscal. Es, en gran medida, una reacción a un esquema que colapsó por abuso, falta de controles y ausencia de trazabilidad real en las prestaciones.

Ahora bien, reconocer ese problema no habilita cualquier solución.

Porque la respuesta que hoy se está aplicando —establecer una tarifa mínima uniforme, se haya realizado o no la consulta efectiva— corrige un problema, pero abre otro. Y no menor.

Si el sistema deja de distinguir entre atención real y no realizada, el incentivo deja de estar en atender mejor y pasa a estar en sostener volumen administrativo. Es decir: se combate una distorsión creando otra.

El riesgo es evidente.

Por un lado, se castiga económicamente a quienes sí cumplen, reduciendo el valor real de su trabajo. Por otro, se desdibuja el vínculo esencial entre acto médico y remuneración. Y en el medio queda el afiliado, que necesita ser atendido, no contabilizado.

Pero hay otro factor que distorsiona aún más el debate: la política.

En un año electoral, lo que ocurre en PAMI deja de ser solo un problema de gestión para convertirse en un insumo de campaña. Las irregularidades se amplifican, el ajuste se presenta como épica de orden o como recorte salvaje, y la complejidad del sistema se reduce a consignas.

De un lado, se utiliza el argumento del fraude para justificar medidas duras sin matices. Del otro, se exageran las consecuencias del ajuste para construir un relato de desmantelamiento. En ambos casos, el riesgo es el mismo: simplificar un problema estructural para ganar una discusión coyuntural.

Y en esa simplificación, se pierde lo esencial.

Porque la discusión de fondo no es si había fraude. Lo había, y debía ser corregido. 

La discusión es cómo se corrige sin destruir el corazón del sistema.

Un modelo sostenible necesita tres cosas: control, trazabilidad y reconocimiento justo del trabajo médico. Si falta una, el sistema vuelve a fallar.

Porque un médico que cobra menos por atender, o lo mismo por no atender, enfrenta una señal peligrosa: su esfuerzo deja de ser relevante para el sistema.

Y cuando eso ocurre, el sistema no mejora. Se vacía.

Ordenar era necesario. Pero ordenar no puede ser nivelar hacia abajo.

Y mucho menos, convertir un problema sanitario en una herramienta electoral. El verdadero desafío de PAMI no es solo cerrar la puerta al fraude. Es lograr que, al hacerlo, no se termine empujando hacia afuera a quienes todavía sostienen la atención real… mientras la política deja de usar la salud como terreno de campaña y empieza, de una vez, a tratarla como lo que es: una prioridad.