En la Argentina libertaria de Javier Milei, donde la retórica anticasta se convirtió en marca registrada y en herramienta de construcción de poder, empiezan a aparecer fisuras difíciles de disimular. Y una de las más evidentes hoy tiene nombre y apellido: Manuel Adorni.
El actual jefe de Gabinete —y exvocero presidencial— quedó en el centro de la escena tras conocerse su viaje a Punta del Este en un avión privado, financiado por Marcelo Grandio, un “amigo” periodista deportivo con vínculos contractuales en la TV Pública. Un dato que, en cualquier administración previa, habría sido motivo de escándalo inmediato para el propio Adorni. Porque fue él mismo quien, micrófono en mano, construyó su perfil público denunciando exactamente ese tipo de conductas: favores cruzados, privilegios encubiertos, vínculos promiscuos entre funcionarios y contratistas del Estado.
La situación se vuelve todavía más incómoda cuando se suma otro episodio: el uso del avión presidencial para un viaje a Nueva York con la comitiva del Presidente, junto a su esposa, Bettina Angeletti . Un gesto que, aunque legalmente defendible bajo ciertos encuadres, entra en colisión directa con el discurso de austeridad extrema que el gobierno pregona desde el primer día.
Ahí es donde aparece la contradicción más potente —y más dañina—. Adorni no es un funcionario más: fue la cara, la voz y el látigo discursivo contra “la casta”. Fue quien insistió en que había que “cortar de raíz” esas prácticas. Y sin embargo, hoy se ve envuelto en comportamientos que, en el mejor de los casos, se parecen demasiado a aquello que decía combatir.
Y hay un elemento adicional que vuelve todo aún más evidente: dentro del propio universo libertario no todos corren con la misma suerte. Por mucho menos, a José Luis Espert, lo apartaron sin contemplaciones y lo volvieron políticamente invisible después que se lo vinculara con un narco. Sin conferencias, sin micrófono, sin defensa pública. La vara, queda claro, no es la misma para todos. Y eso expone una lógica interna donde la lealtad —o quizás la utilidad— pesa más que la coherencia.
La pregunta, entonces, deja de ser únicamente sobre Adorni y pasa a ser sobre el poder que lo rodea. Porque pese al ruido político y mediático, ni Karina Milei ni el propio Presidente han mostrado intención alguna de soltarle la mano. Más bien lo contrario: lo sostienen, lo respaldan, lo ratifican.
¿Por qué?
En los pasillos del poder —donde la política se explica menos por lo que se dice y más por lo que se calla— empieza a circular una hipótesis incómoda: Adorni no es simplemente un funcionario leal, sino también un depositario de información sensible. Demasiado sensible.
Se menciona, por ejemplo, su conocimiento sobre los movimientos internos en áreas delicadas como la ANDIS, vinculados a supuestas irregularidades en el manejo de fondos para discapacidad, donde Karina aún está bajo la mira por el famoso 3% de «coima»que tanto se hablo. También su eventual cercanía o acceso a detalles sobre episodios controvertidos que salpican al propio presidente, como el caso de la criptomoneda Libra.
Nada de esto está probado en sede judicial. Pero en política, muchas veces, el peso de lo que se sospecha alcanza para explicar conductas. Y la protección cerrada que recibe Adorni empieza a leerse menos como un acto de confianza y más como una necesidad.
Porque si algo ha demostrado este gobierno es que su narrativa moral es tan central como frágil. Y que cuando uno de sus principales protagonistas encarna aquello que prometía erradicar, el problema no es solo individual: es estructural.
Adorni, en definitiva, no es solo un funcionario cuestionado. Es el espejo incómodo de un proyecto que llegó prometiendo pureza y hoy empieza a lidiar con sus propias contradicciones. Y en ese reflejo, lo que se ve no es precisamente nuevo. Es, más bien, demasiado conocido.