El Concejo Municipal de Doral podría autorizar este miércoles un polémico acuerdo con Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permitiendo a la policía local realizar funciones limitadas de aplicación de leyes migratorias, incluyendo detenciones y procesos administrativos.
La medida llega mientras miles de venezolanos enfrentan la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte del gobierno de Trump. Doral, donde el 70% de la población es extranjera y los venezolanos representan un tercio de los residentes, se convierte en epicentro de esta política.
«La intención no es detener a nadie por su apariencia»
Aunque las autoridades insisten en que no buscan criminalizar inmigrantes, el programa 287(g) ha sido criticado históricamente por fomentar perfiles raciales. Actualmente, más de 100 jurisdicciones en Florida participan en estos acuerdos.
Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolano-Americano, advierte: «Al transformar a la policía local en instrumentos de ICE, los funcionarios han roto la confianza de la comunidad que depende de ellos para protección, no persecución».
