La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó este martes un contundente alegado ante la Corte Suprema, argumentando que el gobierno de Trump «no ha cumplido con una carga de prueba excepcionalmente alta» para deportar migrantes venezolanos al Centro Penal de El Salvador, considerado una de las prisiones más peligrosas de América Latina.
La ACLU denuncia que el gobierno «clasificó erróneamente» a deportados como miembros del Tren de Aragua basándose en tatuajes y criterios no verificables. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, defendió los protocolos de selección calificándolos de «rigurosos».
«Sin la orden judicial, los demandantes sufrirían daños extraordinarios e irreparables» – ACLU en documento judicial
El juez federal James E. Boasberg extendió hasta el 12 de abril la orden que bloquea deportaciones, mientras la Corte Suprema evalúa si interviene en este caso que podría establecer precedentes sobre:
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